El Mercado Común agrícola Paralelamente al establecimiento del Mercado Común, que suponía la libre circulación de productos y la uniformidad de las condiciones de concurrencia, los 6 países signatarios del Tratado de Roma (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y la República Federal Alemana) elaboraron una política agrícola común a lo largo de los años sesenta. En 1973, tres nuevos Estados miembros (Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda) se unieron a la «Europa verde» y en 1981 se unió Grecia. España y Portugal lo hicieron en 1986. La organización común de los mercados sustituyó a los mecanismos nacionales de ayuda o apoyo a las economías de los campesinos. Se fijaron niveles de precios mínimos para cada campaña de venta. Los productos importados de países ajenos a la Comunidad con un precio inferior fueron igualados a los precios comunitarios por medio de un «arancel» que serviría para financiar los gastos del Fondo Europeo de Orientación Agrícola. En 1977, de cerca de 8.000 millones de dólares se dedicó una parte (la más pequeña) a la mecanización de las explotaciones agrícolas, y otra al pago de «restituciones» a los exportadores, lo que permitió a éstos vender los productos agrícolas de la Comunidad a precios similares a los más bajos del mercado mundial. Esta política, si bien ha contribuido a lograr una mayor independencia alimenticia de Europa occidental, se ve sometida a los defectos de todo sistema basado en el apoyo a los precios: efectos inflacionistas para el consumidor e incitación a la superproducción para el agricultor. Sin embargo, dicha política alivia las preocupaciones socioeconómicas de los gobiernos con respecto a un sector donde la productividad sigue siendo muy desigual.