Privatización Las primeras noticias sobre la privatización del Grupo ENA fueron anunciadas por el Gobierno en primavera de 1999 y apuntaban a una oferta pública de venta de acciones. Sin embargo, en diciembre del mismo año el entonces ministro de Fomento, Rafael Árias-Salgado, anunció que el proyecto se posponía hasta después de las elecciones de marzo de 2000. Un mes antes de los comicios se aprobaron los cambios legislativos en su objeto social y la referencia a que el capital social será, en todo momento, propiedad estatal, pero el proceso volvió a paralizarse, entre otras razones por la integración de las empresas de Patrimonio en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que tuvo lugar en enero de 2001. Finalmente, en 2002, la SEPI consideró que el Grupo ENA reunía las condiciones para ser privatizado y, en septiembre, abrió el proceso con la designación de PricewaterhouseCoopers como valorador independiente. Como asesor externo de la operación mantuvo al BBVA, que había sido elegido para este servicio en 1999. En noviembre se fijaron las bases del proceso de privatización y se estableció que la forma de venta sería mediante concurso público a un solo oferente. En abril de 2003, diez consorcios aceptaron las condiciones y el precio mínimo fijado por la SEPI, 1.100 millones de euros, aunque en la fase final el número de aspirantes se redujo a cuatro grupos empresariales, en los que participan las principales constructoras y concesionarias españolas. Los consorcios que optan a la adjudicación son los formados por Acciona y FCC; Ferrovial, Europistas, Caja Madrid y Unicaja; OHL y Apax Partners; y Sacyr, Torreal, SCH, Caixanova, Caixa Galicia y El Monte. La retirada más sorprendente fue la del consorcio formado por Abertis, sociedad resultante de la fusión de Aurea y Acesa, y la firma portuguesa Brisa, que decidieron no presentar su oferta ante el notario una semana antes de la adjudicación de ENA. Por otro lado, en 1998 Servicios de Autopistas y Autovías (SERAUSA), la filial de AUDASA que explotaba las áreas de servicio de la Autopista del Atlántico, fue adjudicada por el método de subasta a la empresa Áreas por 14,78 millones de euros (2.460 millones de pesetas).